Se venden locales situados en azoteas (antiguos gallineros), en sótanos (antiguos trasteros) y plantas bajas (locales comerciales) que con la incorporación de una simple cocina se hacen pasar por una vivienda, con el incremento de precio que esto puede suponer (el €/m2 de vivienda puede ser el doble que el de local comercial). Esto puede ser una estafa ya que la calificación oficial de «vivienda» viene dada por un marco normativo que garantiza su habitabilidad y salubridad y su solidez estructural, esto como mínimo. No se puede conceder la cédula de habitabilidad a un local que no reúne las condiciones para ser habitable.
Se ha anunciado que la Agencia de la Vivienda pondrá en marcha los mecanismos sancionadores.
Prevemos que los cambios de uso en los casos en que la normativa lo permita seran una salida viable para regularizar esta situación
NOTICIA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO DE CATALUNYA FECHA: 28 Agosto 2009
Se ha advertido con la nueva Ley de Vivienda se empezará a abrir expedientes sancionadores a los que incumplan los requisitos mínimos. La nueva ley de vivienda, cuyo decreto se aprobó el pasado abril, contempla por primera vez la sanción (de 3.000 a 90.000 euros) por este tipo de práctica ilegal prohibida en Catalunya desde 1984. La inminencia de los controles ha disparado las solicitudes de tramitación, que en el 2008 crecieron un 30% en la provincia de Barcelona.
Aunque la Generalitat ha aclarado que las multas solamente llegarán a 90.000 euros en casos extremos, el temor de los propietarios que han comercializado como pisos locales, trasteros o sótanos de almacén ha provocado el masivo intento de lograr las cédulas de habitabilidad en Barcelona y su área metropolitana, donde esta práctica comercial está más afianzada.
El año pasado, el Departament de Medi Ambient i Habitatge recibió un total de 51.000 solicitudes de esta documentación en la provincia de Barcelona, lo que supone un 30% más que el año 2007 cuando fue aprobada la última ley del derecho a la vivienda. De estas peticiones, unas 15.000 no fueron concedidas, la mayoría de ellas porque la administración requirió documentación a los propietarios para corroborar que la vivienda cumplía con los requisitos de habitabilidad. Los propietarios (en su mayoría de sótanos y bajos) nunca contestaron a esa petición ni entregaron los documentos solicitados.
JÓVENES E INMIGRANTES / Las víctimas de esta práctica, como es habitual, suelen ser los más débiles: jóvenes y foráneos. «Son frecuentes los casos de inmigrantes que desconocen las leyes y el idioma, compran un local como piso y no pueden obtener la cédula de habitabilidad. Son casos dramáticos porque están hipotecados y no pueden reagrupar a su familia porque para eso necesitan un piso con cédula», explica José Luis Gallego, jefe del Servei d’Habitabilitat de la Direcció General d’Habitatge.
Sandra Ruiz, una vecina del número 6 de la calle de Salou, en Sants, es una de estas víctimas. Hace dos años compró un piso en una antigua fábrica. A los pocos meses, este comenzó a tener problemas de humedad y Ruiz descubrió deficiencias en la red eléctrica y que, además, el piso no tenía conexión de agua a la calle ni tampoco cédula de habitabilidad. Después de mucho dinero invertido en reparaciones, Ruiz pudo obtener el documento. «Aunque tuve suerte para que me dieran la cédula, todavía no tengo agua porque no tengo el dinero para hacer la conexión. Cada día voy a buscar agua a la fuente para bañarme y limpiar», explica.
Los inquilinos que contratan un local como piso no pueden poner servicios a su nombre y pagan la electricidad y gas a precio de local comercial, más costoso.
La Generalitat aclara que no actuará de oficio y solo multará en caso de que el inquilino o un vecino denuncie las malas condiciones de la vivienda.
