Como ya he comentado en artículos anteriores, el objetivo que persigue el legislador al obligar a exhibir el Certificado de Eficiencia Energética de las viviendas y locales al publicar un anuncio de venta o alquiler es establecer un nuevo factor a la valoración inmobiliaria, quien confía en que la propia dinámica del mercado impulsará la mejora del parque edificado desde el punto de vista ambiental. Parten del supuesto que, a mayor eficiencia energética de los inmuebles, los compradores y arrendatarios estarán dispuestos a desembolsar una mayor cantidad de dinero por ellos y que, por consiguiente, tanto los proyectos de obra nueva como la rehabilitación de edificios de carácter privado perseguirán el objetivo de reducir el consumo energético. Al reducirse el consumo energético se reducen también las emisiones de CO2 a la atmósfera, al tiempo que se mejora la economía de los ciudadanos en tanto que liberan rentas hasta el momento destinadas a la factura energética, mientras que a nivel de país se reduce la dependencia exterior y se mejora la balanza de pagos. En definitiva, se promueve que la actividad económica, en su propia dinámica y sin planteamientos revolucionarios, contribuya positivamente tanto a niveles particulares como generales.

El mundo como lo conocemos es el resultado de muchos factores que se combinan en el devenir diario. La organización social, los patrones de comportamiento, el marco legislativo y la ética definen un modelo determinado de sociedad, que en función de sus parámetros se aproximará más o menos a un ideal de justicia. Para conseguir una sociedad justa resulta imprescindible que el marco legislativo se haya definido con una voluntad verdaderamente orientada a alcanzar ese paradigma, y exige que de una ciudadanía éticamente comprometida con los valores humanistas. En ese sentido, conviene que toda empresa recuerde siempre la responsabilidad social de su actividad y se replantee el legado que pretende dejar a la sociedad en la que se desarrolla. Esto es algo que personalmente, como ciudadano y como profesional, me preocupa y por eso celebro que haya iniciativas que, por estar preñadas de ética, contribuyan a un beneficio social en alguno de los ámbitos que le afectan. Como he comentado anteriormente, la eficiencia energética de los edificios aporta una serie de beneficios transversales a la sociedad, por lo que celebro que exista ya una entidad financiera que ofrece distintas condiciones de financiación para las viviendas en función de la calificación energética de éstas. Esto es lo que ofrece, por el momento, Triodos Bank, que cobra intereses distintos en función de si la vivienda que se quiere comprar ha obtenido una A o una G en el certificado energético. Esto es un paso adelante para que el objetivo legislativo se alcance.

Por último, una reflexión que enlaza con el título del artículo. Si hay una entidad financiera que contribuye, con sus hipotecas, a promover la eficiencia energética, ¿no sería conveniente una ley hipotecaria para, entre otras cosas, reducir el consumo energético?